Los profesionales de enfermería no sólo no somos los culpables déficit sanitario sino que, además contribuimos con una parte de nuestro sueldo para su solución. No renunciamos a nuestro compromiso con la salud de los ciudadanos y con la Sanidad Pública, afrontando diariamente nuestra labor con la mejor disposición para que los usuarios no paguen con su salud los recortes de nuestro Sistema Sanitario Público.

No obstante, la responsabilidad frente a la Salud de la Sociedad española que tiene la Enfermería no nos impide ni impedirá denunciar el despilfarro, la mala gestión, las decisiones erróneas de nuestros políticos y  todo aquello que menoscabe los derechos de los ciudadanos.

Por ello, proponemos a los profesionales de enfermería y a los ciudadanos pasar a la acción para que juntos defendamos que se garantice el acceso y utilización de los Servicios Sanitarios y el derecho de la enfermería y demás profesionales sanitarios a ejercer en condiciones de calidad y seguridad.

La alianza por la salud, la calidad y la accesibilidad del Sistema Sanitario, se tiene que reforzar ahora más que nunca con un objetivo: evitar que se menoscabe el derecho a la salud y los actuales niveles de calidad del Sistema Sanitario Público.

Nuestra Sociedad y los profesionales sanitarios necesitamos que la Sanidad Pública funcione y, para ello, exigimos a los Grupos Políticos un compromiso alejado de partidismo alguno y que no dependa de quien gobierne en cada momento.

Por eso, para que también desde el ámbito sanitario se contribuya a la salida de la crisis, proponemos que los interlocutores políticos, sociales y sindicales alcancemos de manera urgente un Pacto por la Sanidad que, desarrollando experiencias anteriores y aprovechando algunos pasos ya dados, aleje del debate político y del permanente cuestionamiento la viabilidad y sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Los profesionales de Enfermería, comprometidos con un Sistema Sanitario eficaz y de calidad, creemos necesario garantizar en dicho Pacto el desarrollo de propuestas como las siguientes:

– Financiación sanitaria de carácter finalista.
– Incremento de la financiación sanitaria para evitar la acumulación de deuda.
– Participación de los usuarios en todos los niveles de la asistencia sanitaria para que la Sanidad Pública se ajuste cada vez más a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
– Establecimiento de una cartera común de servicios de todos los Servicios de Salud, valorando y autorizando el Consejo Interterritorial cualquier nueva prestación.
– Impulso de la prevención y educación para la salud en todos los niveles de la asistencia.
– Simplificación de la estructura administrativa y de gestión del Sistema Sanitario.
– Gestión de compras unificada para todo el SNS, no sólo en lo que se refiere a medicamentos.
– Evaluación de tecnologías sanitarias desde el punto de vista del coste/efectividad.
– Puesta en marcha efectiva de un sistema compatible en todo el SNS, tanto de tarjeta sanitaria única como de la Historia Clínica Digital, que permita evitar duplicidad, repetición de pruebas, etc.
– Control exhaustivo de la facturación a terceros para evitar que sea parasitado el Sistema Sanitario Público.
– Revisión de los conciertos existentes entre Sanidad Pública y Sector Privado para mantener sólo los que sean verdaderamente necesarios.
– Evaluación de las nuevas formas de gestión y la gestión clínica implantadas en el SNS para valorar sus resultados de manera objetiva y su incidencia en el gasto sanitario.
– Creación de un sistema unificado de información del gasto sanitario.
– Optimizar los recursos disponibles en cada Servicio de Salud.
– Planificación coordinada de los profesionales sanitarios que requiere el SNS.
– Alcanzar y mantener unos ratios adecuados enfermera/paciente.
– Mayor participación de los profesionales, como mejores conocedores del Sistema, para acordar medidas de ahorro y de contención del gasto sanitario.
– Diseño de una política de mejora continua de las condiciones de trabajo.
– Impulso de la formación y la investigación.