A pesar de que se está intentando transmitir a la ciudadanía que una parte importante de la crisis se debe al gasto “insostenible” que genera el Sistema Sanitario Público, y especialmente el coste que suponen sus profesionales, la realidad es bien distinta. Los profesionales sanitarios no somos los culpables de la situación, muy al contrario, desde hace muchos años soportamos unas condiciones de trabajo muy difíciles y que en otros sectores, en los que sus profesionales no tienen la responsabilidad de prestar un servicio público tan esencial y vital como es cuidar de la salud de nuestra sociedad, no serían toleradas.

Es difícil encontrar un ámbito público o privado donde coincidan y se aúnen con tanta fuerza factores negativos sobre sus trabajadores: la precariedad de las plantillas, el trabajo a turnos y nocturno, en fines de semana y festivos; la permanente lucha para hacer bien nuestro trabajo con material y recursos muchas veces insuficientes; la alta incidencia de accidentes laborales y de patologías asociadas al  trabajo sanitario; el tener unas retribuciones que no compensan la dedicación y, sobre todo, la responsabilidad que se nos exige en una materia tan delicada como la salud de la población; las dificultades para conciliar la vida laboral y personal, etc.

La sobrecarga de trabajo, que todos estos factores generan, además de problemas de salud en los profesionales de enfermería,  también dan lugar a un entorno laboral más inseguro, en el que la presión de los ciudadanos aumenta y las denuncias por la actuación profesional se multiplican, siendo esto causante en parte del aumento exponencial del número de agresiones físicas y verbales a los profesionales.

Ésta es la realidad de las condiciones de trabajo de la Enfermería del Sistema Público. Y junto a esto hay que recordar que ya llevamos más de dos años con un recorte en nuestras nóminas de al menos el 7 por ciento, a la que se acumula la pérdida de poder adquisitivo derivada de muchos años de subidas salariales por debajo de la inflación, la congelación salarial para 2011 y los recortes adicionales en diferentes conceptos que en algunas CC.AA. alcanzan porcentajes muy importantes.

Aún así, a nuestros gobernantes no les parece suficiente esfuerzo, y por eso ya están decidiendo nuevos recortes en el Sistema Público, lo que además de repercutir evidentemente sobre los ciudadanos también vuelve a perjudicar a los profesionales. Tal es el caso del tremendo ajuste de plantillas que se está produciendo en todos los Servicios de Salud, que incide sobre unas plantillas ya de por sí deficitarias, y que se agrava con la no renovación de interinidades y la reducción aún mayor de las escasas sustituciones. Todo ello, sin duda, va a repercutir negativamente sobre la asistencia sanitaria y los niveles de salud de la población.

Los profesionales sanitarios, que además de conocer desde dentro nuestro sector también somos ciudadanos, vemos con indignación que las CC.AA., para cuadrar sus cuentas, aplican de manera indiscriminada el prorrateo lineal y directo de su déficit en todos los sectores de la Administración, sin importarles el carácter de servicio esencial e irrenunciable de nuestra Sanidad Pública. Por el contrario, vemos día a día cómo ésta se deteriora progresivamente por políticas erróneas y una gestión ineficaz que la hacen más vulnerable.