En las medidas adoptadas, la Administración canaria no ha tenido en cuenta que los sueldos de los funcionarios están congelados desde el año 2009 y que ya se ha producido una reducción del 4% a principios de 2011, a los que hay que añadir la adaptación de las retribuciones del personal del Servicio Canario de Salud (SCS) a la media del Estado. En este sentido, SATSE señala que los profesionales de enfermería han perdido en torno al 18,7% de poder adquisitivo en los últimos años, mientras que se han aumentado los impuestos y los gastos corrientes.

El Sindicato considera que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno de Canarias vuelve a demostrar el talante no negociador e impositivo del Ejecutivo que no se ha sentado con los agentes sociales ni con los representantes de los trabajadores para, como ellos argumentan, “proteger, como prioridad absoluta, la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

El Sindicato considera “vergonzoso” que la Administración canaria justifique estos nuevos recortes diciendo que “se ve obligado a aplicar medidas extremas por la situación en la que nos ha dejado el Estado”, sin asumir la responsabilidad del Ejecutivo canario.

Otras medidas

Además de la reducción salarial, el Gobierno canario prevé el incremento de los impuestos sobre el combustible y el IGIC, que pasará del 5% actual al 7% y se incluye el pago del IGIC para la telefonía fija y móvil, de la que los canarios estaban exentos.

Así mismo, se subirá el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para las rentas superiores a 53.000 euros/año y se elimina la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF, como la deducción por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción, a mayores de 65 años y dependientes, por familia numerosa o por gastos de guardería.

Por último, el Consejo de Gobierno ha integrado la mayor parte de estas medidas en el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, que se prevé entre en vigor a partir del mes de junio y con el que prevé  recaudar en torno a los 250 millones de euros en los próximos seis meses.