SATSE Ciudad Real pregunta al SESCAM por la privatización de los hospitales de la provincia
El Sindicato de Enfermería de Ciudad Real ha dirigido escritos a los gerentes de los hospitales de la provincia de Ciudad Real en los que solicita información sobre la posible privatización de sus centros.
Ante la certeza de la privatización de los hospitales de Manzanares y Tomelloso y tras las distintas informaciones que se vienen produciendo sobre los posibles cambios de gestión en el resto de hospitales ciudadrealeños, tras las duras medidas de recorte que está llevando a cabo el Gobierno regional en la Sanidad castellano-manchega, SATSE considera que el SESCAM debe aclarar si se van a producir cambios o no en la gestión del resto de hospitales de la provincia de Ciudad Real.
SATSE ha venido defendiendo el sostenimiento de una sanidad pública, universal y gratuita en base a datos de eficiencia y se muestra contrario a cualquier forma de gestión privada en la sanidad porque perjudica a los trabajadores, pero sobre todo a los usuarios
SATSE también ha mostrando su rechazo a las medidas de recorte en el ámbito de la Sanidad que se están llevando a cabo con la reducción del número de profesionales sanitarios y el cierre de camas y de servicios en los centros sanitarios, y considera que la privatización de los centros hospitalarios supondría el inicio del desmantelamiento del sistema sanitario público.
Para SATSE la gestión privada se rige por el criterio de consecución del mayor beneficio económico, lo que determina que las empresas intenten a toda costa reducir sus costes bien seleccionando pacientes y rechazando los más costosos o bien intentando aminorar sus costes de producción con la reduciendo plantillas y limitando la actividad asistencial y las pruebas diagnósticas que encarecen los procesos asistenciales.
Para SATSE se hace evidente una vez más la necesidad de diálogo y la participación de todos los agentes implicados en cualquier medida que afecte a la sanidad pública, y considera inadecuado la toma de medidas de recorte por parte de la Administración de forma unilateral, puesto que repercuten no sólo en las condiciones laborales de los profesionales, sino en la salud de la población en general.
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